26 de Mayo 2013.-Con el fin de que ciudadanos mexicanos no pierdan su ciudadanía por prestar sus servicios o funciones oficiales en el extranjero, así como aceptar o usar una condecoración, admitir títulos o funciones del gobierno de otro país, sin tener permiso del Congreso de la Unión;  en Sesión Pública Ordinaria de los integrantes de la Trigésima Legislatura, que preside el diputado Armando García Jiménez, aprobaron por unanimidad el dictamen con minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el contenido de esta minuta, enviada por la Cámara de Diputados, señala que los mexicanos podrán ser distinguidos en nombre propio o en representación de una colectividad, así mismo será reconocida su labor en el extranjero mediante el otorgamiento de condecoraciones.

Es así que el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, concluyen que las atribuciones contempladas en el artículo 37 inciso C fracciones II, III y IV de la Constitución General de la República relativa de los permisos que se conceden a los ciudadanos que pretendan ejercer un empleo, usar condecoraciones o bien aceptar títulos o funciones por parte de un gobierno extranjero, deben ser facultades del Poder Ejecutivo, pues efectivamente a éste le compete el ejercicio de las atribuciones en materia de nacionalidad, extranjería y ciudadanía en función de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De las fracciones II, III y IV del inciso C del artículo 37 de la Constitución General, se guardan una serie de fines legítimos que pretenden proteger, siendo éstos la seguridad nacional y la igualdad de trato entre los mexicanos.

En cuanto a la propuesta para eliminar la obligación de solicitar permiso para aceptar y usar condecoraciones extranjeras por parte del Presidente de la República, de los integrantes del Poder Legislativo Federal y de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Integrantes de la Trigésima Legislatura de Nayarit estimaron que resulta justificada la pretensión con la finalidad de privilegiar la igualdad que debe existir entre los mexicanos.