28 de Febrero 2014.- Atendiendo la tarea de proteger los Derechos Humanos, mismos que representan para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos, la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado, que preside el Diputado, Armando García Jiménez, aprobó por unanimidad Reformas a la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.
La Iniciativa que parte del Diputado Sin Partido, José Antonio Serrano Guzmán, prevé que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, se erige como el organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía de gestión, presupuestaria, técnica, operativa, contando con la participación de la sociedad civil, y cuyas finalidades esenciales consisten en velar por la protección, la observancia, la promoción, el estudio y la divulgación de los derechos elementales inherentes al ser humano.
Las Diputadas y Diputados al aprobar estas Reformas estiman que los ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo no son, para efectos jurídicos, Servidores Públicos, ni sujetos obligados conforme las disposiciones la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado de Nayarit, pues su importante labor radica en la opinión que como parte de la sociedad civil pueden verter respecto a determinado acto o actividad de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, sin que esto implique relación laboral alguna con la Comisión.
Por lo anterior los representantes populares aprobaron por unanimidad las reformas a los artículos 5, 18 fracción VIII y 38 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y coinciden en considerar como viable y oportuna en gran parte esta enmienda legislativa a propuesta planteada por el iniciador, el Diputado, José Antonio Serrano Guzmán, quien también preside, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado.
En el artículo 5 se reforma para omitir la opinión del Consejo en la emisión de los reglamentos, acuerdos, circulares o cualquier otra disposición general que sea necesaria para el cumplimiento del objeto de la misma, ya que los ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo no son, para efectos jurídicos, servidores públicos ni sujetos obligados conforme las disposiciones la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nayarit.
Por último, las legisladoras y legisladores, con esta Reforma a la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, consideran conveniente establecer que deberá llevarse a cabo las sesiones ordinarias por lo menos una vez cada tres meses, toda vez que esta temporalidad posibilita al Consejo mantener una visión más amplia y con mayores elementos para conocer y opinar en aquellos asuntos que deban ser puestos a su consideración, dejando a salvo la posibilidad de sesionar de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario para el eficaz desempeño de la Comisión.