23 de Noviembre 2014.- Con el firme propósito de acercar la justicia administrativa y fiscal a la población a través de una mayor cobertura y accesibilidad, en Sesión Pública Ordinaria los representantes populares nayaritas aprobaron por unanimidad el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con el objeto de armonizar la legislación con la competencia del Poder Judicial en materia de jurisdicción administrativa.

La justicia administrativa, se considera como el género en el cual queda comprendida la jurisdicción para la solución de los conflictos entre la administración pública y los administrados por conducto del proceso, de ahí la trascendencia  de garantizar  las bases que permitan su cabal funcionamiento.

Con la reforma a diversos numerales de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se armoniza lo que mandata la Constitución Política local, otorgando competencia al Tribunal de Justicia para que por conducto de la Sala Constitucional-Electoral conozca y ejerza la jurisdicción administrativa y fiscal en la entidad.

Con la aprobación de este decreto, se establece que al Poder Judicial le corresponde ejercer atribuciones en materia de control constitucional local en los asuntos de orden electoral, civil, familiar, penal, justicia para adolescentes, mercantil en jurisdicción concurrente, extinción de dominio, administrativo y fiscal, así como en los del orden federal en los casos en que las leyes de la materia  le confiera jurisdicción.

La Sala Constitucional-Electoral tendrá competencia para conocer y resolver los asuntos que le confiere la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables, siendo esta Sala la máxima autoridad  y órgano especializado en la materia.

Al dar el voto afirmativo a este decreto, las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura abonan a la trascendental función de impartir justicia, lo que permitirá un mayor progreso y  bienestar para los nayaritas.

Es importante señalar que Nayarit se suma a los 15 Estados de la República en donde la justicia administrativa es competencia de salas o tribunales especializados que forman parte del Poder Judicial.