06 de Octubre del 2016.- El nuevo ordenamiento legal cumple con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta nueva ley contribuye al fortalecimiento del estado democrático de derecho garantizando los principios de constitucionalidad y legalidad.
Derivado de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y con la finalidad de garantizar la voluntad popular, en Sesión Pública Ordinaria las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura aprobaron por unanimidad la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. Este nuevo ordenamiento legal en la entidad contempla la creación del Tribunal Estatal Electoral a quien le corresponderá garantizar los actos y resoluciones electorales, acciones en las que actuará con autonomía e independencia en sus decisiones en sustitución de la Sala Constitucional- Electoral del Poder Judicial del Estado. Asimismo la ley señala que el Tribunal Estatal Electoral deberá estar integrado por cinco Magistrados nombrados por el Senado de la República y la designación de hasta tres magistrados supernumerarios nombrados por el Congreso del Estado para que suplan las faltas temporales de los magistrados numerarios, lo cual se encuentra previsto en el numeral tercero del artículo 109 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Uno más de los aspectos que se contemplan con la creación de esta Ley es que se establece un Órgano Interno de Control, ello acorde con la reforma a la Constitución general en materia de combate a la corrupción, mismo que tendrá como función inspeccionar el cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rijan a los servidores públicos y empleados del propio Tribunal, el cual se sujetará a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. En este mismo orden de ideas la Ley de Justicia Electoral prevé el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador, en el cual se establecen las causas de procedencia, plazos y tramitación. Esta iniciativa presentada por el diputado Francisco Javier Monroy Ibarra contó con la inclusión de otras propuestas por parte del diputado Luis Manuel Hernández Escobedo, en la que destaca que quien vaya a desempeñar el cargo de Secretario General de Acuerdos no haya sido candidato o desempeñado algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años. De esta manera las diputadas y diputados nayaritas integrantes de la Trigésima Primera Legislatura contribuyen al fortalecimiento del estado democrático de derecho garantizando los principios de constitucionalidad y legalidad.