Es una buena señal el que por fin, la Presidencia de la República se haya decidido a desmantelar la red criminal en todo el país, iniciando por donde debía, quitar a quienes operan desde las mismas instancias del gobierno, o sea, en los mandos estatales y de los municipios.
Para muchos mexicanos, los resultados del operativo “Enjambre”, que se llevò a cabo en varios municipios del estado de México, dejó mucho que desear, pues fueron pocas personas las detenidas acusadas de tener nexos y ser parte de los grupos de la delincuencia organizada, pero si vemos los cargos que tenìan, alcaldes y jefes de seguridad pública en esos territorios, podemos señalar que esta cruzada contra los criminales se inició con el pié derecho, pues la delincuencia organizada en nuestro país tiene total impunidad porque asegura los cargos claves de los gobiernos locales para lograr el control de los territorios y operar libremente y hasta con protección de la misma autoridad que los debería combatir.
Se tiene la certeza, incluso, que actualmente la delincuencia está íntimamente ligada con la política y por lo mismo, tiene acuerdos para que nadie le dispute algunos municipios claves para sus ilícitas actividades, lo que hizo exclamar, hace algunos días al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que en el conflicto violento que tienen dos bandos criminales sumamente poderosos en esa entidad, se han tenido encuentros entre líderes criminales y funcionarios públicos, buscando un acuerdo para que regrese la paz a los sinaloenses.
Por estas razones debemos entender que no tenemos, en la actualidad, un estado de derecho en decenas o cientos de municipios, así como en varios estados de la República donde son los líderes de estas organizaciones delictivas las que mandan, ponen y quitan autoridades y en algunos casos, simplemente los ejecutan.
En esas circunstancias, ahora se admite, que la estrategia de “abrazos, no balazos”, fue un rotundo fracaso, por lo que era necesario enfrentar a estos disidentes violentos y criminales con toda la fuerza del estado mexicano y para esto, primero hay que sacar de los cargos públicos en los municipios, a funcionarios corruptos que están a las órdenes de la delincuencia, de la que incluso forman parte activa.
Lógicamente ahora estamos de acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbáum Pardo y el encargado de la seguridad y Protecciòn Civil en el país, Omar García Harfuch, que esta acción es totalmente congruente con la realidad que vivimos en nuestra patria, en la que está muy arraigada la corrupción y por lo mismo, es sumamente difícil acabarla de la noche a la mañana, siendo muy diferente si se va limpiando poco a poco sacando los corruptos de los cargos de alcaldes, gobernadores y mandos policíacos.
Incluso está comprobado que en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapan, en Guerrero, la intervención de los policías fue decisiva para perpetrar ese asesinato masivo que todavía conmociona a todos los mexicanos, habiendo la certeza que sin ayuda de los agentes de la ley, los criminales que los desaparecieron no hubieran podido realizar su macabra acción que tiene aún indignada y agraviada a la sociedad mexicana en general a 10 años de haberse llevado a cabo.
Al igual que ahora en el estado de México, en aquella ocasión, hace ya una década, se comprobó que hubo intervención directa y complicidad en este crimen masivo, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de alcaldes y policías locales, por lo que era lógico que el sucesor del presidente Enrique Peña Nieto, o sea Andrès Manuel López Obrador, iniciara el saneamiento de cuerpos de seguridad pública en el país y asegurarse de no dejar cómplices o gente allegada a los grupos criminales en los ayuntamientos, por lo que ahora se debe impulsar y apoyar con todo al gobierno federal en futuros operativos “Enjambre”.