15 de Sep- 2013.- A fin de armonizar y dotar de congruencia al marco jurídico local en materia de derechos humanos, en Sesión Pública Ordinaria de los representantes populares nayaritas, integrantes de la Trigésima Legislatura, que preside el diputado Armando García Jiménez, aprobaron por unanimidad el decreto que reforma diversos numerales de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Esta enmienda legislativa, determina la armonización jurídica para alcanzar el verdadero desarrollo en materia de reconocimiento de los derechos y prerrogativas fundamentales de las personas atendiendo los valores, intereses y necesidades de la población, frente al actual contexto internacional, elemento fundamental para el logro de la democracia.
Los legisladores locales nayaritas comprometidos con la responsabilidad constante de mejorar los elementos que dan existencia a la sociedad y proveen de una calidad de vida de la ciudadanía; con esta reforma se logra la actualización de la competencia laboral a las Comisiones de Derechos Humanos en los municipios, lo que permitirá volver más eficientes y respetuosas de los Derechos Humanos a los entes jurisdiccionales laborales.
Es preciso señalar que el voto afirmativo de esta reforma a diversos numerales de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, permite salvaguardar el debido respeto al principio de seguridad jurídica, se evita posibles conflictos entre las normas y se actualiza el marco normativo para que la Comisión de Derechos Humanos de cada municipalidad conozca de las quejas y denuncias en materia laboral, pero solo en los casos de omisión en el actuar de la autoridad.
De la misma forma se actualiza que la investigación se efectúe desde el ámbito administrativo por la acción u omisión de los funcionarios públicos encargados de resolver los asuntos laborales, siendo éste el único aspecto legal donde se dota a las comisiones municipales de la atribución para proteger los derechos humanos de los trabajadores.
En suma, con esta reforma, se logra el reconocimiento, la promoción, el respeto y la garantía de los instrumentos legales efectivos para respetar los derechos humanos de los trabajadores en el nivel de gobierno municipal.