16 de Marzo 2014.- Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para la niñez y la juventud en materia de cultura física y deporte, ha sido una prioridad para el Congreso del Estado de Nayarit; es por ello que los integrantes de la Trigésima Legislatura que preside el diputado Armando García Jiménez, aprobaron por unanimidad el decreto que reforma y adiciona  los artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte.

En este documento legal, el cual fue presentado por el Presidente de la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, legislador Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda, se reconoce el deporte social, de rendimiento y el deporte de alto rendimiento; ello con el fin de crear prioridades institucionales para estos sectores de deportistas que el Estado reconoce su preeminencia.

Además, se incluye la obligación de que las personas que adquieran el cargo como integrantes de la Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje Deportivo, deben ser profesionales para así dar más confianza a la sociedad.

Una más de las bondades de esta enmienda legislativa, es que se contempla de forma clara la obligación de dar publicidad al Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, que el Instituto  de Cultura Física y Deporte rinda un informe anual de labores ante el Congreso del Estado, además de actualizar las dependencias  de acuerdo a las múltiples reformas  al marco jurídico local.

En este mismo dictamen de reforma y adición, se crea  el capítulo “De la Prevención de la Violencia en el Deporte”, mismo con el que se genera nuevas pautas para tomar acciones de prevención y disminuir la violencia en los espectáculos deportivos y en un  futuro erradicar este fenómeno social.

Es preciso hacer mención que una más de las razones por las que se han promovido estas reformas, es la de actualizar el marco jurídico local a los estándares que impone la nueva Ley General  de Cultura Física y Deporte, así como cumplir con la de las líneas de acción del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, la cual dispone “Legislar en lo relativo al arbitraje deportivo”.

Con la aprobación de este dictamen, los representantes populares nayaritas cumplen con la obligación de garantizar los Derechos Humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a favor de la sociedad nayarita.