Las elecciones extraordinarias que tuvimos este domingo 5 de diciembre en Nayarit, proceso mediante el cual se repuso la curul en el Senado de la República que dejó vacante el actual gobernador del estado, Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, debe ser analizada detenidamente para entender si vale la pena o no llevar a cabo estas acciones que tanto dinero y tiempo cuestan al erario público.
Y es que en este caso en verdad salió más caro el caldo que las albóndigas, ya que el representante popular como el que elegimos en este oneroso evento cívico, poco o nulo resultado o beneficio da a la población que representa, pues hay que entender que el Poder Legislativo es para crear leyes y aprobar o desaprobar reformas propuesta por el representante del poder Ejecutivo.
Para los analistas, la elección de Chany Jiménez como Senadora de la República, solo hace que se sume una dama más a la propuesta para elegir a una mujer como gobernadora de Nayarit, ya que todo parece indicar que en nuestra entidad solo les falta conquistar esta representación política a las damas nayaritas, las cuales ya han estado como alcaldesas de la capital del estado y de presidentas de los municipios más importantes, como son Santiago y Compostela y ni que decir del Congreso del Estado, en el que se tiene como máximo líder a la diputada Alba Cristal Espinoza, dama que ha comprobado, con hechos, que las mujeres si saben manejar las instituciones de gobierno en esta entidad cora.
Y si las mujeres responden como funcionarias, no se les debe legitimar mediante procesos que dejan mucho que desear y comentarios de desaprobación, como fue el caso de esta pasada elección del domingo 5 de Diciembre, con la cual, de hecho, Chany Jiménez lleva un mínimo respaldo como Senadora de la República, pues obtuvo algo así como un 7% de apoyo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Nayarit, o sea que pasó “de panzazo” al Senado de la República.
El candidato que obtuvo el segundo lugar en este profeso, Nacho Flores, tiene apenas un 5% de la aprobación ciudadano, desapareciendo al casi no obtener votos a su favor, quienes participaron por el PRD, PRI y PAN, al grado de que podía proceder el que estos partidos perdieran su registro en nuestra entidad.
Se debe señalar, sin embargo, que la candidata que ganó no tiene la más mínima culpa de que el IEE y el IFE, hayan llevado a cabo una pésima estrategia para que se realizaran estas frías elecciones, ya que debió dar más tiempo para que los partidos trabajaran levantando el ánimo y entusiasmo de los electores, lo que debe servir de experiencia para futuros eventos de este tipo, incluso par a que de plano no se realicen y se busque otra manera de hacer reposición de representantes populares en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
En el referido proceso del pasado domingo, el IFE está totalmente reprobado y ni siquiera puede argumentar que el fracaso que tuvo se debió a la falta de dinero, pues hubo la instalación del total de casillas en todo el estado, con representación de la autoridad electoral en cada una de ellas, contó con media docena de candidatos que representaban a la totalidad de los partidos con registro en la entidad y contó con toda su experiencia para que otro hubiera sido el resultado, esto en cuanto a la obtención de un mínimo porcentaje de votos, los que dicho sea de paso nos salen carísimos a la ciudadanía, que es quien pagamos y sostenemos todas las instituciones que sostienen nuestra democracia.
Y es aquí, en el tema económico, en el que se debe también analizar la conveniencia de llevar a cabo eventos de este tipo, aunque hay que señalar que la democracia que tenemos los mexicanos, es una de las más caras del mundo y aún así, deja mucho que desear, más cuando se hace una gran movilización de toda la fortaleza y capacidad del estado para obtener, como resultado, la participación de solo el 13% de los ciudadanos inscritos en el padrón de electores, lo que es hasta ridículo y debe llenar de vergüenza a la institución encargada de llevar a cabo estos procesos electorales mediante los cuales se da legitimidad a quienes forman parte de los tres niveles de gobierno que mantenemos en nuestro país.